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LOS RETOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEL PUEBLO RESPECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO

Por: Zue Quintana

Consejera Local de Juventud en la localidad San Cristóbal de Bogotá, por la Unión Patriótica, estudiante de doble titulación Derecho - Filosofía de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), Diplomada en Convivencia, Reconciliación y Gestión Comunitaria. Con formación en paz, reconciliación, derechos humanos, ambiente y territorio.


El nuevo gobierno enfrenta grandes retos respecto a las reformas necesarias que matizarán las situaciones de pobreza y violencia en el país. Es una realidad que el gobierno Petro – Francia no propone un cambio de sistema económico, por el contrario, se mantiene en una posición reformista que pone en el centro de su discurso la democracia participativa, fundamento del desarrollo de los diálogos regionales vinculantes, de los cuales salieran los insumos para el Plan Nacional de Desarrollo. La metodología de los encuentros se propuso con base a diferentes líneas de trabajo, entre las cuales se encontraba la política de mujer y género, fuertemente presente en el discurso de campaña de presidencia y vicepresidencia y aquella que presenta el mayor reto ante la situación crítica de violencia basada en género que azota al país.


En Colombia las cifras que muestran de manera matizada y desactualizada la feminización de la pobreza, la violencia basada en género y la ausencia de acceso a derechos de las mujeres que representan más de la mitad del total de la población nacional, 51,2% para el año 2018 (ONU Mujeres, 2020), son alarmantes y las políticas públicas insuficientes.


Respecto a la feminización de la pobreza la tasa para el año 2019 de mujeres sin ingresos propios fue de 28,6% del total de la población femenina del país (CEPAL, 2020), lo cual significa una diferencia respecto a uno (1) de cada (10) hombres (ONU Mujeres, 2020) y que afecta a mujeres desde los 15 años en adelante (ONU Mujeres, 2020). Lo anterior fortalece la violencia económica que viven las mujeres al depender de ingresos de otros, con regularidad, sus compañeros sentimentales. Es preciso tener en cuenta que las cifras del DANE sobre empleabilidad incluyen el empleo informal, ejercido en mayor medida por mujeres jóvenes y que para el año 2019 constituía un 59,7% del mercado colombiano.


“La OIT señala que el empleo informal es un fenómeno que contribuye a perpetuar la pobreza, limitar la productividad, profundizar la desigualdad y afectar el crecimiento económico, toda vez que implica una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones laborales. El organismo destaca que la implementación de políticas enfocadas a su reducción traería beneficios en términos de trabajo decente, mejores condiciones de vida para las personas y crecimiento económico sostenible” (ONU Mujeres, 2020, pág. 38)


Así mismo, antes de pandemia se contaban 117 mujeres por cada 100 hombres en hogares pobres, no es un secreto que la pandemia aumentó las tasas de desempleo y por lo tanto de pobreza, un 49% de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el país. Sin embargo, las organizaciones internacionales señalan como fundamental la incorporación de mujeres en el mercado laboral olvidando el trabajo del cuidado no remunerado que de ninguna manera deja de estar sobre los hombros de la población femenina, para el año 2019 las mujeres dedicaron 32,9 horas semanales al trabajo no remunerado, los hombres sólo 11,4 (CEPAL, 2020), “esto muestra que a pesar de la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral esta no ha sido correspondida con un aporte mayor por parte de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados no remunerados” (ONU Mujeres, 2020, pág. 55). Lo anterior, constituye una doble explotación que ha sido soportada por las mujeres no sólo en la actualidad y aún así con la inserción en el mundo laboral reciben un 12,1% menos ingresos que los hombres por el mismo trabajo. Estos dos elementos, la doble explotación por el trabajo del cuidado no pago y el menor salario, sumado a violencias como acoso laboral, limitan las acciones de las mujeres ante las pocas oportunidades que han garantizado los gobiernos nacionales y territoriales que, además, reproducen estigmas que feminizan ciertas labores y masculinizan otras de acuerdo con el género impuesto, es decir, lo que significa ser hombre y mujer en sociedad y que es reproducido por el mismo Estado a través de la violencia estructural.


Señala ONU Mujeres en su informe “La sostenibilidad de un crecimiento liderado por una mayor participación femenina depende de la flexibilidad que tengan las sociedades para redistribuir social, económica y culturalmente la responsabilidad de cuidar. De ahí la importancia de hacer políticas de cuidado para distribuir ese “costo de oportunidad” y que la maternidad no se plantee como una disyuntiva entre la reproducción y el desarrollo laboral y personal de las mujeres” (ONU Mujeres, 2020, pág. 31), sin embargo, la dinámica del capital obliga a que una parte de la población cuide de la generación de mano de obra y de adultos mayores que no accedieron a la pensión, pues el trabajo no remunerado “se estima en 332.515 miles de millones de pesos” (CEPAL, 2020), equivalente al 15% del PIB para el año 2019 (ONU Mujeres, 2020) y que constituye el 49% del trabajo de las mujeres (ONU Mujeres, 2020).


Por su parte, las cifras de femicidio también son bastante preocupantes, para el año 2021 fueron contados 622 feminicidios, este año a la fecha se cuentan 445 (Red Feminista Antimilitarista, s.f.). De acuerdo con el informe de ONU mujeres,

“i) más de la mitad de las mujeres son agredidas por la persona con la que conviven y comparten el espacio cotidianamente, y ii) la violencia no se acaba al concluir la relación. El control y la subordinación se extienden más allá del vínculo conyugal o de cohabitación. Hay una peculiaridad en los datos que es conveniente destacar. Un importante número de mujeres violentadas, más de la mitad (56,8%) está en unión libre o casada, y menos de 10% son divorciadas o separadas, lo que contrasta con que poco más de 35% fueron víctimas de su excompañero. Esto en principio parece contraintuitivo, pero quizá se deba a que las mujeres se unen nuevamente al poco tiempo de una separación.” (ONU Mujeres, 2020, pág. 137)


Las niñas y mujeres jóvenes no son ajenas a esta situación, por su parte, más de la mitad (54,5%) de los casos de delito sexual contra mujeres menores de edad, quien abusa es un familiar (ONU Mujeres, 2020), Bogotá es el departamento con más casos de delito sexual contra mujeres (ONU Mujeres, 2020). Lo anterior cobra mayor relevancia al señalar que “a nivel nacional, 4 de cada 10 niñas y niños menores de cinco años asisten a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio (por lo menos tres días a la semana, y mínimo dos horas al día), mientras 5 de cada 10 permanecen con su madre o padre en la vivienda. El tercer esquema de cuidado más común es permanecer en la vivienda donde vive la niña/niño al cuidado de un pariente o una persona mayor de edad (5,3%)” (ONU Mujeres, 2020, pág. 64). Sumado a lo anterior, es aumentada la vulnerabilidad de quien sufre el delito ante embarazos no deseados, abortos inseguros y riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, sumado a la revictimización social e institucional de quienes denuncian a su agresor. Por otra parte, la informalidad afecta a las jóvenes de 12 a 18 años, 91 de cada 100 mujeres en este rango de edad se dedica a trabajos informales precarios que no les permiten acceder a la seguridad social (ONU Mujeres, 2020).


Estos datos, aún desactualizados, enseñan una situación a la cual debe hacer frente el nuevo gobierno, toda política pública debe tener un enfoque transversal de género, sobre todo aquellas tendientes a la reducción de la pobreza. Lo anterior, implica reconocer y tratar la división sexual del trabajo, la institución de la familia, los estereotipos que reproducen la discriminación, las diferentes formas de violencia, la brecha salarial, la educación sexual, entre otros. La versión del Plan Nacional de Desarrollo que será presentado ante el Consejo Nacional de Planeación reconoce la brecha económica, social, política y cultural; encuentra necesaria la participación de las mujeres en cargos públicos, la eliminación de las violencias basadas en género, la mejora en las condiciones laborales y la redistribución del trabajo del cuidado. El Gobierno Nacional implementará reformas como la creación del Sistema Nacional del Cuidado, el fortalecimiento del Fondo Mujer Emprende y del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), la apertura de espacios para la participación política libres de violencias basadas en género, la actualización de la política de derechos sexuales y reproductivos para la implementación de un Programa Nacional de Ciudades y Territorios Seguros, entre otros, que si bien son reformas importantes, van a requerir de las mareas verdes y moradas para su cumplimiento.

Referencias


CEPAL. (2020). Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad.

ONU Mujeres. (2020). MUJERES Y HOMBRES: BRECHAS DE GÉNERO EN COLOMBIA.

Red Feminista Antimilitarista. (s.f.). Observatorio Colombiano de Feminicidios. Obtenido de Reporte Dinámico Feminicidios Colombia: https://observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/reportes

UNFPA. (06 de Julio de 2022). Feminicidios en Colombia 2022: Ley Rosa Elvira Cely. Obtenido de UNFPA Colombia: https://colombia.unfpa.org/es/news/feminicidios-en-colombia-2022-ley-rosa-elvira-cely#:~:text=En%202021%2C%20las%20investigaciones%20tipificadas,registr%C3%B3%2035%20mujeres%20transg%C3%A9nero%20v%C3%ADctimas.


Las opiniones expresadas por los columnistas son de su única responsabilidad y no comprometen a www.latinoticias.tv


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