Por: Soraya Vittola
En una decisión que ha generado fuertes controversias, la Corte Constitucional de Ecuador respaldó la aplicación del decreto de "muerte cruzada" decretado por el presidente Guillermo Lasso. Esta medida, que disuelve la Asamblea Nacional y convoca a nuevas elecciones, ha sido duramente criticada por diversos sectores de la sociedad.
El respaldo de la Corte Constitucional a la "muerte cruzada" se produce después de que rechazara las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto y los pedidos de medidas cautelares para suspender sus efectos. Esta decisión ha levantado interrogantes sobre la independencia y objetividad del máximo órgano judicial del país.
El presidente Lasso, quien enfrentaba un juicio político por presuntas acusaciones de peculado, ha justificado su decisión de aplicar la "muerte cruzada" como una medida necesaria para superar una supuesta crisis política y conmoción interna. Sin embargo, críticos argumentan que esta medida es una estrategia para consolidar el poder y evitar el juicio político en su contra.
El contexto en el que se ha tomado esta medida es sumamente preocupante. La "muerte cruzada" fue aplicada un día después de que iniciara el juicio político en contra del presidente por su presunta participación en el "Caso Encuentro", una investigación que involucra a empresas públicas en actos de corrupción. Resulta cuestionable que Lasso haya utilizado esta medida extrema justo en medio de un proceso judicial en su contra.
La aplicación de la "muerte cruzada" plantea serias dudas sobre la estabilidad democrática y el respeto a los principios constitucionales en Ecuador. Al permitir que el presidente gobierne mediante decretos-leyes de urgencia económica, se corre el riesgo de una concentración excesiva de poder y una reducción en los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado.
Las reacciones de la ciudadanía han sido diversas. Mientras algunos sectores respaldan la medida argumentando la necesidad de superar la crisis política, otros la consideran un retroceso en términos democráticos y una amenaza para la separación de poderes. La sociedad ecuatoriana estará atenta a los próximos acontecimientos y a las acciones que el presidente Lasso y su gobierno emprendan en los próximos años.
En definitiva, el respaldo de la Corte Constitucional a la "muerte cruzada" plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la defensa de los principios democráticos en Ecuador. Es necesario que se promueva un debate amplio y transparente sobre esta medida, así como que se garanticen los mecanismos de control y equilibrio para salvaguardar la institucionalidad del país. La sociedad ecuatoriana merece una verdadera democracia basada en el respeto a la Constitución y en el fortalecimiento de las instituciones.
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