Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas
Editor: Francisco Cristancho R.
Al frente de una guerra que nos hace temer por el regreso de la confrontación global está un ex-payaso que funge como dictador, como quiera que permanece en el cargo aún vencido su periodo constitucional, y quien goza del apoyo decidido e irrevocable de varias potencias mundiales. De un bufón depende si continúa la guerra en Europa.
La salud mental del planeta inquieta y preocupa. En Nueva Orleans un hombre en quiebra y sin esperanzas empleó un par de anteojos ‘inteligentes’, creados por una gigante tecnológica, para grabar el recorrido que luego haría a bordo de una pickup con la que arrolló a decenas de transeúntes y asesinó a catorce personas. A unas horas de vuelo, en el norte de Alemania, otro hombre ejecutó conducta similar en un mercado navideño, forzando al recuerdo de los peores momentos del terrorismo islamista en Europa. Y a escasos kilómetros de donde estamos, en San Vicente de Chucurí y en Garagoa, hay individuos que deciden abandonar una vida bucólica en el pueblo para luchar una guerra ajena en Ucrania, llevando consigo las mañas o ‘malas prácticas’ que derivaron en ejecuciones extrajudiciales, pactos ilegales y toda suerte de abusos de poder protagonizados por la fuerza pública durante el conflicto armado interno.
Debe ser objeto de indagación por nuestras autoridades que haya alrededor de doscientos nacionales colombianos prestando servicios ‘militares’ en Ucrania, que incluyen, entre otros, el homicidio (de militantes contrarios y, con o sin intención, probablemente también de civiles), el desplazamiento de la población local y el uso de armamento de guerra avanzado sin mayor –por no decir ningún– control.
En un artículo publicado por El Espectador, firmado por G. Jaramillo Rojas y que dicho sea de paso está muy bien escrito, se relata la experiencia de “Chucurí” en la guerra rusoucraniana, que bien puede resumir la de los demás “legionarios”: la necesidad en casa, la promesa de una paga relativamente buena, una convicción espuria de servir a un bien mayor –siempre que el cheque hiciera canje–, una decepción, el engaño y el retorno. A juzgar por los testimonios de este y otros entrevistados, Zelenski no solo es un payaso, sino también un trapacero mala paga.
Aunque uno pueda compadecerse de los connacionales por la trampa o por el trauma que seguramente produjo en ellos la experiencia del combate, queda uno con la pregunta de cómo es posible que un colombiano –quien al igual que nosotros ha podido conocer y constatar desde la infancia los efectos de la guerra– no esté prevenido de lo que vendrá cuando se inscribe como “legionario” para batallar contra una potencia armamentista. ¿Qué esperaban que les ocurriera? ¿Pensaron que les concederían tratamiento de dignatarios extranjeros, como sugiere la publicidad del gobierno ucraniano? Pues claro que no, los ucranianos pagaron por un servicio y se aseguraron de que su contratista prestara este a satisfacción, sin ninguna otra consideración.
Volviendo a estas latitudes, coincidimos con la opinión de la doctora Diana Guzmán, directora de Dejusticia, quien en entrevista con El Espectador sostuvo que en medio de la pugna entre las altas cortes (a nuestro juicio los impulsores de la controversia) y el presidente de la República cayó la elección de procurador, en la que “prevaleció la idea de ‘hay que ganarle al presidente’”, hecho que califica de “malo y negativo para las propias cortes, pues para que puedan funcionar bien tienen que estar abiertas al escrutinio público”. Agregó que esta labor también le corresponde al presidente y en ello las cortes también desempeñan “un papel muy importante”.
En nuestro concepto, la plana mayor del poder judicial se ha equivocado de cabo a rabo: ante un ejercicio ciertamente precario de su labor en los últimos años, los presidentes de las altas cortes decidieron participar en política –aunque haya quienes crean que un magistrado polemizando con el presidente a través de la prensa es una muestra de “independencia judicial”– y con el peor tino, pues es este uno de los gobiernos más cercanos a su causa. Prueba de ello la sanción de la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia, por medio de la cual se concedió una reserva presupuestal –ajena a cualquier contingencia– del tres por ciento (3%) del presupuesto nacional para los gastos de funcionamiento e inversión de la Rama Judicial, librándolos de la penosa y nada sencilla petición de más dinero para cubrir faltantes, año tras año.
Veremos si el cambio de liderazgo en las altas cortes traerá consigo figuras menos obstinadas, más dialogantes, que tengan el conocimiento y la voluntad para hacer cumplir el mandato de colaboración armónica que impone la Constitución.
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