Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas
Todo cabía en la imaginación, menos que en una facultad de Derecho se pusiera en práctica la censura abierta y la moderada, práctica que podría ser válida en época de la Inquisición cuando gobernaba el Santo Oficio, pero que ya no lo es.
En los medios digitales se abusa de la mentira, sea esta vulgar o diplomática, y también del chisme. Como se dice entre amigos, llegó el momento de los chismes, y vamos a ponernos al día. Desde el primer momento en que se nos ofreció escribir esta columna nos hemos propuesto comentar sobre información verificada de manera franca y honesta, es decir, como el amor del 1 al 9: sin 0.
Aun cuando parezca mentira, la censura no ha desaparecido, y por estos días ha manifestado su existencia de forma vulgar. El diccionario define a la censura como una “acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir.” Pues resulta, estimados lectores, que uno de los autores de esta columna ha sido víctima de censura por parte de una institución educativa formadora de juristas.
Comencemos por los hechos. La Universidad La Gran Colombia tiene un canal de televisión llamado TeleAmiga y hace unos meses había montado un programa llamado Consultorio Jurídico, segmento muy conocido hace unos veintitantos años y que volvía al aire bajo la dirección de su creador, Germán Navas Talero. Como recordarán algunos, el programa integraba una sección de concurso entre estudiantes de Derecho,
denominado “Cuánto le enseñaron, cuánto aprendió”. Durante la grabación de uno de los episodios, el animador –que siempre ha hecho gala de su humor e ironía y por cuanto minutos antes se había comentado el asunto de los baldíos– le preguntó en tono de broma a su compañera de set, encargada de entregar los premios, si ella era un baldío o si tenía dueño –esto porque jurídicamente la propiedad de los baldíos no puede estar en cabeza de un particular, puesto que el titular del derecho de dominio es el Estado–. La modelo entendió el chiste, se rió y respondió que “no era baldío”. El animador agregó entonces que alguna vez había conocido a una persona que era ejido porque era de propiedad del municipio. La broma no pasó a mayores, entre otras cosas porque la persona a quien iba dirigida esta es compañera de trabajo de Germán en el Polo Democrático.
Llegado el día de la emisión, después de ires y venires y sin consultar con el director, el rector de la Universidad La Gran Colombia ordenó suspender la transmisión del programa, por sugerencia de la decana de la facultad de Derecho. De igual forma, impidió la emisión de otros tres episodios que ya habían sido grabados. Para sustentar su decisión, formuló como argumento que con el comentario antes reseñado se había ofendido a la señorita que asistía como modelo. Luego agregó que los estudiantes de la Universidad no estaban preparados para concursar y eso podría afectar la imagen de la institución ante la opinión pública. En una reunión que tomó lugar días después de conocerse la decisión, un señor que estaba presente sugirió entregar previamente las preguntas y las respuestas a los participantes del concurso, lo cual equivalía a hacerle trampa a la audiencia.
Lo cierto es que, abusando del poder que les dan sus cargos y tras la negativa del director del programa de ceder a sus exigencias, Consultorio Jurídico fue censurado por las directivas de la Universidad. Ante estos hechos, Germán Navas Talero presentó su renuncia a la cátedra que regentaba y se retiró de la facultad en la que llevaba 52 años como profesor. Esta censura ocurrió donde menos debió darse, en una institución que tiene por propósito la enseñanza del Derecho y del respeto a la Constitución. Germán quiere excusarse con todos aquellos que habían manifestado su interés en ver el programa y desea recalcar que no se debió a un incumplimiento de su parte, sino a un veto impuesto por los dueños del balón –como dirían los futbolistas–. Consultorio Jurídico volverá pronto por otro canal en el que se respete la libertad de expresión.
De igual manera, Germán ofrece disculpas a los asistentes a la grabación de los cuatro programas censurados, entre ellos al ex-magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández; al magistrado de la Corte Suprema, César Reyes; al representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, y los abogados Andrés Rey, Francisco Navarrete, Jorge Afanador Sánchez, Luis Eduardo Leiva y Constanza Vargas, quienes desperdiciaron mañanas de su trabajo, dado que los programas en los que participaron, bien como jurados o como entrevistados, fueron a parar al cuarto de San Alejo por el capricho de quienes buscan en las expresiones y actuaciones de los otros un doble sentido, guiados por un criterio oscurantista propio del medioevo. A los alumnos resta decirles: más adelante nos veremos.
–Cambiando de tema– Parece que el presidente Gustavo Petro se está saliendo con la suya, pues ha conseguido que los latifundistas accedan a vender parte de sus terrenos para ubicar allí a los ‘sintierra’ que se han visto obligados a cultivar en predio ajeno por generaciones. Como era de suponerse, la discípula de Peñalosa salió a protestar por el costo de este proyecto, que calificó de “impunidad total” para los “despojadores”. Es probable que a juicio suyo, tales recursos se verían mejor invertidos en financiar el negocio de unos particulares con el transporte público para que estos después “contribuyan” a partidos políticos afines.
Por estas semanas, algunos entendidos en derecho tributario –y otros que dicen serlo– pasan sus días inventando estrategias para asustar a la opinión pública con el proyecto de reforma que hace tránsito en el Congreso. Tal es el caso del senador Miguel Uribe Turbay, quien en unas declaraciones recientes y bastante risibles termina enredado en su propio galimatías de explicación. Señor Uribe, conocíamos de su peñalosismo pero no sabíamos que era docto en hacienda pública. A juzgar por sus intervenciones, pareciera que estudió esta materia en la misma universidad en que Peñalosa se doctoró.
Y ya que hablamos de la reforma tributaria, es interesante y vale la pena leer el artículo escrito por el ex-magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, y publicado en La Voz del Derecho, en el cual hace un análisis sobre la inconstitucionalidad del gravamen que se tiene planeado imponer a las pensiones de jubilación. Sostiene José Gregorio que desde el mismo preámbulo de la Constitución se orienta la actividad del Estado hacia la garantía misma de los derechos, entre ellos el trabajo. Se refiere, entre otras cosas, al tenor del artículo 363 de la Constitución y opina que esta propuesta “no es equitativa, eficiente ni progresiva”. Recuerda el ex-magistrado que la Corte Constitucional ha definido la pensión como un “salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo” y que su reconocimiento “no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador.” Pueden leer el artículo completo dando clic acá, ojalá los legisladores se tomen el tiempo de revisar este valioso concepto antes de proceder a la creación de impuestos que caerán en la Corte por las razones expuestas. La opinión de José Gregorio es compartida por la procuradora general, Margarita Cabello, quien sobre este mismo asunto emitió un concepto desfavorable.
Mientras en el Congreso se sacan un ojo para asegurar la sostenibilidad fiscal del país en el próximo año, nosotros nos preguntamos por el estado de las investigaciones que se anunciaron respecto de los gastos excesivos y la ‘contratitis’ del gobierno anterior, que beneficiaron a personajes afines a su sector político. La pregunta no es baladí, debemos ser francos en esto: Duque dejó al país ilíquido, con la olla raspada, y le correspondió al presidente Petro hacer los ajustes necesarios para evitar una crisis. Petro lleva escasos dos meses en esa y otras muchas tareas que hacen parte de un propósito –suyo y de todos quienes conforman el nuevo gobierno– por encarrillar el país que entregó su antecesor. Es que estaba tan mal la cosa con la administración pasada que se refundieron cosas hasta del inventario de la casa presidencial, como cobijas, sábanas y cortinas, y todo indica a que estos aditamentos se los volaron como souvenirs.
Para cerrar, hemos leído que de un tiempo para acá los pasaportes colombianos no son de recibo en los aeropuertos mexicanos y provocan en sus poseedores toda suerte de agravios durante el paso por migración. Conocimos de encierros prolongados –claramente sin orden judicial ni actuación del detenido que los motiven–, maltratos físicos y verbales en el curso del procedimiento de expulsión y denegaciones de acceso en masa y sin motivo aparente. La respuesta de las autoridades mexicanas a la pregunta de por qué niegan la entrada si el viajero tiene su documentación en regla es una sola: cada Estado es autónomo en la decisión de admitir o no el ingreso de un extranjero en su territorio.
En consecuencia, creemos que sería lógico que tanto el Estado mexicano como las aerolíneas y demás prestadores de servicios turísticos adviertan de esta circunstancia y le eviten a los colombianos perder su plata. Aun cuando uno puede entender el recelo para nuestro ingreso a otras naciones, los mexicanos deberían saber que si se nos mide con el mismo rasero ellos tampoco salen bien librados. Podría decirse que en el partido del mal comportamiento estamos empatados uno a uno. Interesante para los curiosos en el tema el artículo de Catalina Uribe Rincón en El Espectador del sábado 8 de octubre, titulado Colombianos humillados, en el que cuenta la realidad del maltrato al que son sometidos nuestros compatriotas en la tierra de los mariachis. Así a todos nos gusten las rancheras –aunque unos necesiten de unos aguardientes antes–, nuestra recomendación para preservar la salud y la economía es evitar este país como destino de vacaciones y buscar otro lugar en el que se nos trate con respeto.
Adenda: el nombre del canal de la Universidad La Gran Colombia cae que ni pintado para la decana de la facultad de Derecho de esta institución: TeleAmiga, que quiere decir amiga, pero de lejitos.
Coletilla #1, a cargo del ex-fiscal general y ex-magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Lynett: “Néstor Osuna se convirtió en el bufón del gobierno, con sus pintorescas declaraciones. Ahora sostiene la brillante idea, de que matar, incendiar vehículos y casas, no es terrorismo ¡Cantinflas!”
Coletilla #2, a cargo de la estudiante del pregrado en derecho de la Universidad de los Andes, Cielo Valentina Navarro García: “El mejor chiste de Álvaro Uribe Vélez es, sin lugar a duda, cuando sobre los falsos positivos comentó –no sabemos si en serio o en broma– que eran los soldados quienes habían engañado al presidente y a los altos mandos del Ejército. ¿Será que Uribe cree que todos los colombianos somos idiotas cual uribistas en elecciones?”
Hasta la próxima semana…
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