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¿Y ahora quién podrá defendernos?

Por: Hernán Riaño


El país conoce, por denuncias de varios sectores, que la corrupción nos cuesta entre 50 y 90 billones de pesos al año, según quien lo analice. Esta diferencia tan grande puede obedecer a que en Colombia este flagelo está tan enraizado en las costumbres de los políticos de extrema derecha y de algunos que se hacen pasar por democráticos, que cualquier acción en contratos, en empleos y en gasto público lleva un ingrediente corrupto que desangra al erario.


Son innumerables las prácticas corruptas para llevarse los dineros públicos, desde el pago de coimas por adjudicación y celebración de todo tipo de contratos, el cobro por conseguirle un empleo a alguien, pasando por una cantidad innumerable de formas de robar al estado (para eso el colombiano corrupto es muy ingenioso) hasta el pago de sobornos por dejar entrar mercancía de contrabando y el pago de grandes sumas de dinero para poder convertirse en monopolios en determinados negocios, son las prácticas que hacen que los dineros públicos se desaparezcan de las arcas oficiales y pasen a engrosar los bolsillos de quien manda en determinado periodo en el país, departamentos, capitales y municipios de Colombia. A esto se suma la evasión y elusión del pago de los respectivos impuestos que deben hacer los más ricos y que por acción de los presidentes, el congreso y “expertos” en impuestos, se guardan en sus arcas.


Este es el modus operandi de muchos colombianos que quieren enriquecerse a costa del Estado, que van desde el delincuente de “cuello blanco” que se queda con billones de pesos y actúa sin escrúpulos, hasta el contratista menor, que para poder lograr un contrato de trabajo por prestación de servicios, tiene que pagarle al político de turno que decide a quien otorgarlos y que, para poder “cumplir”, rebaja la calidad de materiales o el personal necesario sin ponerse a pensar en los perjuicios que causa a la sociedad.


En muy pocos casos la justicia actúa, ya sea porque la Fiscalía “engaveta” las investigaciones o la justicia deja “vencer términos” (conocido en nuestro país como “el mejor abogado de Colombia”) o les da casa por cárcel o los deja libres “por no ser un peligro para la sociedad”. Mucho se rumora del pago de estos favores a los funcionarios que deciden la suerte de los implicados, pero casi nunca se demuestra.


Durante el gobierno de César Gaviria y en asocio con él, en ese momento, senador Álvaro Uribe Vélez fueron privatizados los sistemas de salud y pensiones que eran del Instituto de Seguros Sociales y le entregó las pensiones a los fondos privados, hoy de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño, mayoritariamente, al igual que la salud fue entregada a los intermediarios financieros conocidos como EPS, que no proporcionan salud y no le pagan a los hospitales, y la tiene al borde de un colapso (1). ¿En este “negocio” el Estado recibió alguna remuneración ?, solo sabemos que les paga a las EPS por cada afiliado que tienen para que sea “atendido” por ellas, acción que delegan en los verdaderos prestadores del servicio o sea los hospitales y las clínicas. Después de casi 30 años, se han liquidado varias EPS y los dineros que el país les entrega se desaparecen sin que nadie responda (2).


Lo mismo ocurrió con los de fondos privados de pensiones. Estos dos personajes, Uribe y Gaviria, le entregaron el manejo de multimillonarios recursos a muy pocas personas que son las que deciden en las AFP. Ya se ha conocido que el dinero de los colombianos se usa para construir carreteras, puentes, centros comerciales y no se sabe cuántas obras más, que son hechas y cobradas, además, por los mismos dueños de los fondos de pensiones, como es el caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo (3). Esas obras que debieran ser financiadas por quienes cobran por su hechura, terminan siéndolo por los miles de personas que quieren tener una pensión al final de su vida laboral. Las AFP no les responden a nadie por el uso de esos recursos de los ciudadanos, un negocio redondo.


Cesar Gaviria privatizó 30 entidades financieras, entre las que destacamos: El BCH, Banco del Estado, Banco Tequendama, Banco Mercantil, Banco de los Trabajadores y Banco del Comercio. En un informe de El Tiempo se detalla lo que perdió el país por estas acciones de Gaviria y que el beneficiario final fue el monopolio financiero que hoy lideran Luis Carlos Sarmiento Angulo y el GEA; este análisis del periódico El Tiempo refleja lo hecho por Gaviria: “El proceso de privatización de la administración Gaviria se reflejó con mayor fuerza en el sistema financiero. En estos cuatro años pasaron a manos sector privado treinta entidades crediticias que estaban en poder del Estado a comienzos de la década de los ochenta a raíz de la crisis financiera. Como consecuencia de la privatización, la participación del Estado en el sector bancario ha disminuido considerablemente. Mientras en 1990 concentraba el 50 por ciento del total de activos de los bancos, en 1994 la participación ya había descendido a 19,5 por ciento” (4). Además, Gaviria acabó con la participación estatal en otras entidades y empresas como: Puertos de Colombia, con 5 sedes, Papelcol, Propal y Sofasa, que eran del IFI (Intituto Financiero Industrial), y participaciones en empresas como Carbocol, Cerromatoso, Copescol, Alcalis de Colombia, Festicol, Ingenio Risaralda, Texpinal, Colclinker, Conastil, Prodesal, Cítricos de Colombia, Catsa, Provica, Frigopesca, Nitroven, Pennwalt, Fosfonorte, Fosfoboyacá, Aicsa, Ciac, Intelsa y Emdesarrollo, según informó El Tiempo (5).

De todos esos recursos, el pueblo colombiano no se ha beneficiado parece que, en nada, porque los gobiernos desde Gaviria hasta Duque solo se dedicaron a hacer reformas tributarias para exprimir más a los colombianos. Pero es válido preguntar ¿en qué se favoreció el ciudadano raso de esas billonarias ventas de bienes del Estado?, porque quedamos como en el refrán, con el pecado y sin el género, o sea más pobres y más exprimidos todos los días y sin empresas, pero endeudados. Así nos dejaron todos esos gobiernos.


Muchas fueron las entidades del Estado que vendió o privatizó el señor Álvaro Uribe Vélez durante sus dos períodos presidenciales, como Telecom, que conectaba al todo país, Administración Postal Nacional, la empresa de correos estatales que llegaba a todos los municipios, para beneficiar a las empresas privadas, las Salinas de Zipaquirá (9), Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y las electrificadoras de Cundinamarca y Santander son, entre otras, las que logró privatizar (10).


La fiebre privatizadora que afectó al país desde Gaviria hasta Santos se resume en varias notas de prensa (11), pero la más reveladora fue la columna de María Elvira Bonilla, en el País de Cali en el año 2.016, titulada “¿Qué se hizo la platica?”, en la que analiza todas las ventas de empresas y entidades del Estado y concluye que no se sabe dónde están esos dineros (12).


Reitero, ¿dónde está la plata de esa enajenación de activos de los colombianos?


Además de la venta de activos del estado, los escándalos memorables de corrupción son: El de la Refinería de Cartagena, Reficar, en el que los sobrecostos alcanzaron la impresionante suma de 5 billones de pesos, esto ocurrió desde 2.007 hasta 2.018 (13). El carrusel de la contratación de Bogotá con una pérdida de 2,2 billones de pesos (14), el de los 50 mil millones del conocido como el cartel de la Hemofilia, (15), el de la EPS Saludcoop, con unos extravíos de dineros que alcanzaron la suma de 1,4 billones de pesos (16), el de Interbolsa con 300 mil millones de pesos, otros de “menor valor” (17), el de Agro Ingreso Seguro (18) y tantos otros a los que no nos referiremos porque la columna sería interminable.


De todos esos recursos, el pueblo colombiano no se ha beneficiado parece que, ennada, porque los gobiernos desde Gaviria hasta Duque solo se dedicaron a hacer reformas tributarias para exprimir más a los colombianos. Pero es válido preguntar ¿en qué se favoreció el ciudadano raso de esas billonarias ventas de bienes del Estado?, porque quedamos como en el refrán, con el pecado y sin el género, o sea más pobres y más exprimidos todos los días y sin empresas, pero endeudados. Así nos dejaron todos esos gobiernos.


Pero como ya casi no hay que vender, el gobierno Duque y amigos se dedicaron a buscarla donde fuera. De ahí los grandes escándalos de corrupción, mal gasto y extravío de dineros que se han descubierto desde hace meses, pero con más frecuencia en los últimos días. Resaltaremos algunos, por ejemplo, los 70 mil millones del MINTIC de la licitación de conectividad entregados a Centros Poblados que no se ha recuperado (19), los recursos para la paz, donados en su mayoría por gobiernos extranjeros (20), desfinanciación de varias entidades como el ICBF (21), el fondo de estabilización de los combustibles (22), los sobrecostos de las casas entregadas en Providencia (23); Ariel Ávila relaciona 5 escándalos más entre los que se destacan el de la Unidad de Gestión de Riesgo, en los que según él fueron beneficiados Enrique Peñalosa y Miguel Uribe Turbay, el de Finagro en el que los dineros se desviaron a grandes productores, como en el caso de Andrés Felipe Arias, “Uribito” (24), El PAE, programa de alimentación escolar, que en muchos lugares del país, se lo entregaron a políticos y corruptos que no les daban la comida a los niños de Colombia (25). La venta del oro de los colombianos por parte de Duque y el Banco de la República y no se sabe que pasó en ese “negocio” (26). También se ha sabido de un Banco de Ecopetrol en un país europeo, que no se ha aclarado realmente, cual es su función (27). Los diferentes contratos de las fuerzas militares (28). Las nóminas paralelas de la presidencia de la república de Duque con varios miles de millones de costos (29). Desfalco del ICBF (30). Desfalco a la DIAN (31). El mas grave conocido, la desaparición de bienes incautados que hacen parte de la SAE (32), etc., etc. etc. y miles de etcéteras. Solo parecen los escándalos y la corrupción de nivel nacional, muy pocos de nivel regional o municipal, ni que hablar del Metro de Bogotá, que según la concejal Heidy Sánchez, ya tiene sobrecosidos por 1 billón de pesos y sin tener estudios completos (33).


La consecuencia de todos estos hechos de corrupción es la muerte de niños por hambre, de personas que no pueden acceder a los hospitales, la falta de recursos para la educación, para la salud, para vivienda digna, el crecimiento como nunca del déficit, el endeudamiento público y en síntesis la rebaja de la calidad de vida de los colombianos con el avance de la miseria en la sociedad.


Después de todo lo que ha pasado ¿quiénes están presos y sobre todo cuánto dinero ha recuperado el Estado colombiano? ¿Se recuperará algún día el total de lo que se ha perdido? ¿Reconocerán su culpa y repararán al Estado los responsables, en caso de ser condenados? Pues parece que no haya muchas esperanzas al respecto. En Colombia no hay entes de control, el ente investigador es del señor Duque Tampoco da muchas esperanzas un sistema judicial débil, saturado y en muchos casos con intereses extra judiciales.


¿Y el pueblo colombiano? Muy bien gracias como decía una tía mía cuando nadie se daba por enterado. No exige, permite que las cosas pasen sin decir nada, no protesta, y por eso los de siempre siguen haciendo “lo que se les da la gana” con Colombia porque como dice el adagio popular: “En este país no pasa nada”. Lo sorprendente y da estupor, es que haya estúpidos pobres, que hoy, sabiendo y conociendo de las andanzas de los gobiernos de extrema derecha, sigan apoyándolos y lo que es más grave defendiéndolos. Atacan las medidas del actual gobierno democrático, que los van a defender y sacar de la miseria, con mentiras, calumnias y falacias. Esos idiotas útiles pobres también pagan impuestos o sea que ese dinero también es de ellos, es de todos.


En toda esta telaraña corrupta, han jugado un papel muy importante los medios de comunicación de las élites, si bien es cierto, algunos han denunciado casos de corrupción, desfalco y pérdidas de dineros públicos, por otro lado se dedican a publicar noticias intrascendentes, “escándalos de farándula”, estupideces de otros países y de cómo si fueran la gran cosa y en general “emboban” a los colombianos para que se “olviden” del robo inmisericorde. En eso son expertos, en hacer olvidar de la memoria colectiva ese gran saqueo a nuestro erario.


Todos estos hechos nos debieran llamar a una reflexión muy seria, porque la historia podría calificar nuestra inacción como de permisiva complicidad, es decir todo lo que nos sucede es nuestra culpa porque hemos dejado que nos pase. ¿Si seguimos apoyando y eligiendo a los mismos de siempre, como esperamos mejorar nuestro país? Si seguimos cohonestando con la corrupción y el desfalco del Estado seremos los cómplices de esos ladrones sin poder exigir ni justicia ni un mejor destino. Y por último, si los estúpidos cómplices que defienden a todos esos personajes siguen vociferando y apoyando todas sus acciones y no hay una contraparte será muy difícil superar este estado de cosas. ¿Cuánto vale todo el dinero perdido en Colombia en los últimos 25 años? No se si alguien haya hecho el cálculo, pero es una cantidad que no cabe en la cabeza. Lo más grave es que quieren seguir haciéndolo. O mas bien, ¿le tienen miedo a que se conozca la verdad de quien lo hizo y dónde está?


Por eso es el título de nuestra columna de hoy, trayendo una frase que acuñó el personaje de Roberto Gómez Bolaños, El Chapulín Colorado, cuando las personas estaban ante un peligro, era la forma de invocar al Chapulín para que los salvara. En Colombia no habrá un Chapulín que nos ayude. Si no nos apersonamos del destino de nuestra patria, no existirá quien lo haga y los que siempre nos han timado seguirán en su papel de saquear nuestro país y mantenernos en una esclavitud eterna. ¿Ese es el destino que quieren para sus hijos y nietos?





Las opiniones expresadas por los columnistas son de su única responsabilidad y no comprometen a www.latinoticias.tv

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